En los últimos días la ex Presidenta y actual Vice Presidenta Cristina Fernández volvió a cargar con la bandera de un Plan Integral de Salud: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente.”
Al mismo tiempo, está circulando un paper del Instituto Patria sobre los Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024 donde sostienen que “El SNISA es un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva, Provincias coordinando servicios e infraestructura de complejidad creciente y una fuerte intersectorialidad orientada a la promoción; estableciendo una alianza estratégica con el mundo del trabajo y de la seguridad social, con mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado y con un Ministerio de Salud a nivel nacional que ejerza rectoría, construya soberanía sanitaria y cuente con instrumentos que garanticen el derecho a la salud y la equidad global del sistema en todo el territorio nacional.” (Ejes Centrales Para un Programa de Salud 2020/2024, La Nación 15/6/2021)
La idea maestra que plantea el Proyecto es hacer un reordenamiento de la salud en sus diferentes planos, que el Estado centralice su organización, desarrollo, optimización de los recursos públicos sean Municipales, Provinciales y Nacionales, de las obras sociales (OOSS) y el sector privado, paritarias nacionales para el personal de salud, etc.; dándole un status a la salud de derecho universal y no como una parte del Estado, es decir, una plataforma del Estado en que la Salud resulta algo fundante.
Por supuesto no toca al capital privado, que ha monopolizado la salud transformándola en una mercancía a través y fundamentalmente de las OOSS, que en su mayoría no cuentan con efectores propios que puedan dar una respuesta eficiente, rápida y a bajo costo a sus afiliados, teniendo que “caer” en los monopolios de la salud privada.
Para los jefes sindicales resulta una caja demasiada jugosa que los beneficia de manera privada y para los empresarios de la salud una caja aún más redituable, siendo unos de los negocios más concentrado y rentable, que va en detrimento de los millones de trabajadores/ras.
La gran dificultad para el proyecto es la resistencia que mantienen por un lado los empresarios que no quieren ceder sus beneficios y así seguir manteniendo sus jugosas ganancias, por el otro, las OOSS que no solo les resulta una formidable entrada de dinero para que algunos se beneficien dentro de la burocracia sindical, sino que resultó una moneda de cambio de favores durante la dictadura militar de Onganía.
Podemos decir que la salud, como cualquier otro derecho que asiste a los trabajadores, como es el empleo, la educación y una vida digna quedan sujetos a la lógica del mercado y a los intereses de los empresarios.
No esta demás recordar que los recursos de las Obras Sociales se sostiene con el aporte de los y las asalariadas, que son descontadas por las patronales de sus sueldos y esta masa de dinero no va a los sindicatos de manera directa, sino que los administra el Estado capitalista, que a su vez va girando a cuenta a los sindicatos para hacer frente a la salud de sus afiliados. Son excepcionales los gremios que cuentan con efectores propios pero sólo en algunas ciudades y no pueden satisfacer la demanda de la totalidad de los afiliados a nivel nacional, por lo tanto, terminan tributando al negocio del sector privado.
De acuerdo a los datos que brinda Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de la Salud y dueño de Swiss Medical Group, “del total de la población del país, aproximadamente un 30% recae sobre el sistema público, mientras que el 70% restante se atiende en el sector privado, lo que se traduce en una masa de pacientes y derivados cercana a los 30 millones de personas”, quedando subsumido la masa de asalariados al negocio capitalista de la salud. (Citado en acami.org.ar)
Una salud sustentable en el tiempo supone un gobierno propio de los y las trabajadoras; sólo avanzando sobre el capitalismo podremos poner fin al lucro de la salud
Una mirada rápida del surgimiento de la salud de los y las trabajadoras
La gestión de los primeros intentos de solidaridad entre la clase obrera implicaba la activación de los mecanismos tendientes a cubrir las necesidades de los trabajadores asociados que sufrieran la pérdida de su empleo o fueran encarcelados por su actividad sindical. Respecto de esta última situación, existen antecedentes de asociaciones «ad hoc» destinadas a recaudar fondos para las familias de las víctimas de la represión gubernamental o los llamados «comités pro presos» que eran promovidos por las centrales sindicales y operaban en la coyuntura.
Desde mediados de la década del ochenta, la migración masiva de ultramar modificó la conformación de los cuadros proletarios. El desarrollo del sindicalismo puro, expresión ideológica que más adelante predominó en la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) del Noveno Congreso (1915-1922), y desde allí fue gravitante en la consolidación del sindicato institución como órgano propio de los trabajadores en oposición a los «órganos de dominación burgueses», incluídos los partidos políticos.
En 1854 se constituyó la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, en 1856 la Sociedad de los Zapateros, en 1857 la Sociedad Tipográfica Bonaerense y en 1858 la Unione e Benevolenza. Estas cofradías, entre otras tareas, se ocupaban de recaudar fondos para cubrir las necesidades de los trabajadores.
Los obreros europeos también trajeron consigo las mutuales y las sociedades de socorros mutuos a nivel de sus colectividades locales, que ponían el acento en la cobertura sanitaria, para salvar las deficiencias del sistema hospitalario argentino, sobrepasado por el crecimiento poblacional y la ausencia de proyectos superadores de la situación. Por lo tanto, fue natural que tales estructuras quedaran estrechamente relacionadas con las nuevas asociaciones sindicales, que incluían un gran número de cotizantes de aquel origen. La ideología de la solidaridad y el colectivismo motorizaba estas organizaciones y los comunes denominadores y afinidades definieron una acción paralela e integrada de sindicatos y mutuales.
Otras asociaciones que brindaban asistencia social fueron las religiosas, especialmente las católicas. La Iglesia, para competir con las mutuales formadas por anarquistas, socialistas y el sindicalismo revolucionario puso en marcha decenas de Círculos de Obreros Católicos, muchos de los cuales aún persisten, aunque transformados en clubes barriales, Las asociaciones eran voluntarias y su actividad principal era la subvención de servicios sociales, en particular de la asistencia médica.
La primera gran organización sindical que desarrolla la acción mutualista fue la Unión Ferroviaria (UF), en relación con el hecho de que desde 1919 tenía su propia Caja de Jubilaciones (Ley 10650); cuatro años después también crearía el Hogar Ferroviario en carácter de entidad complementaria (Ley 11173), para el otorgamiento de préstamos destinados a la adquisición o construcción de viviendas. El papel relevante de la UF en el conjunto del sindicalismo surge también del hecho que sus representantes eran mayoría en el Comité Nacional Sindical de la CGT creada en septiembre de 1930, a pocos días del golpe militar que derrocó al radical Hipólito Yrigoyen.
En la década del ’30 se comienza a deducir de los sueldos de los empleados públicos los aportes a favor de las entidades que posteriormente tuvieron la denominación de Obras Sociales, consolidándose en el gobierno de Perón en la década del ’40. Con este primer paso, comienza la injerencia del Estado capitalista en las organizaciones de la clase obrera perdiendo su autonomía e independencia de clase.
En el gobierno de Perón y como parte del desarrollo de la industria y de la economía del país, en el plano de la salud a partir de las políticas impulsadas por Ramón Carrillo se establece la atención gratuita de la salud para toda la población y políticas públicas como las campañas masivas de vacunación, etc. Carrillo inaugura la Teoría del Hospital que es la teoría de la centralización ejecutiva y descentralización operativa. Esto implicaba un proceso de complejidades hospitalarias en todo el país por regiones. Su bandera era que «De nada sirven las conquistas de la técnica médica, si esta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados».
También en la gestión de Carrillo, se crea EMESTA, la primer fábrica nacional de medicamentos que los producía un 70% más baratos que los laboratorios privados. Este emprendimiento estatal tocó los intereses de los laboratorios y farmacéuticas privadas provocando la renuncia anticipada de Carrillo.
Vemos una vez más en el ejemplo de Ramón Carrillo cómo los empresarios capitalistas de la salud, imponen un límite al desarrollo de la salud y de la seguridad social en manos del Estado. En ese momento y hoy es necesario la expropiación de la industria farmacéutica y los grandes laboratorios para ponerlos bajo control de los trabajadores del salud.
Uno de los objetivos del golpe cívico militar de 1955 fue desguazar el sistema de salud, considerando, especialmente, que a finales del gobierno peronista la estructura hospitalaria del país era predominantemente publica, de las casi 140.000 camas, el 80 % de ellas eran públicas y más de la mitad nacionales. La OPS que asesoraba a la dictadura recomienda: «La Comisión está de acuerdo con el deseo expresado por el Gobierno de la Nación de transferir a las provincias y municipios las actividades de salud pública que son de carácter exclusivamente federal y de estimular la iniciativa privada de asumir cada vez más un papel importante en estos problemas». (Veronelli Juan Carlos y Testa Analía editores «La OPS en la Argentina; Crónica de una Relación Centenaria» pp83)
A partir del golpe del ’55 el Estado nacional limitó su injerencia en materia de salud y seguridad social en beneficio de los privados. En el gobierno de Frondizi (1958-1962) se creó e Consejo de Seguridad Social que criticó a las obras sociales por ofrecer prestaciones de mala calidad, parciales o limitadas y salarios inadecuados para el personal médico. En el gobierno de Illia, por su parte, el Ministro de Asistencia Social y Salud Pública, promovió la descentralización ejecutiva de la sanidad nacional en cada distrito mediante la reorganización de las delegaciones sanitarias federales.
En contrapartida, el gobierno de Illia, a través de su Ministro envió al Congreso la ley de medicamentos ya que otorgaba al medicamento el valor de un bien social, ley que precipitó su caída.
Según un informe de la Comisión Coordinadora de los Servicios Sociales Sindicales designada en 1967, explicaba: “Existe una gran atomización de obras y servicios sociales sindicales (…). Cada gremio ha ido montando sus propios servicios sociales y, a su vez, en aquellos con menor grado de centralización, cada seccional organizó su propia asistencia local (…). Dichas circunstancias no han sido modificadas mayormente, por lo que hoy presentan las Obras Sociales una deficiente estructuración y coordinación lo cual debe tener, evidentemente, su incidencia en cuanto al aprovechamiento de los recursos y esfuerzos”. (Informe de la Comisión Coordinadora de los Servicios Sociales Sindicales)
Las persistentes medidas de la dictadura de Onganía que implicaron pérdidas de derechos para los obreros comenzaron a aumentar la conflictividad social. En efecto, una serie de reclamos comenzaron a desarrollarse en los años 1968 y 1969, de los cuales su expresión máxima fue el “Cordobazo”. Los nuevos militantes de base se expresaron no solo contra la empresa y el Estado, sino además contra las propias dirigencias sindicales.
Esta situación pondría al sindicalismo peronista Vandorista ante un serio desafío: lidiar entre la tensión de ser suprimido por el Estado, por un lado, y perder legitimidad antes sus bases, por el otro. La disyuntiva quedó impresa en la propia institucionalidad de la CGT: en marzo de 1968 la CGT se dividió en la “CGT de los Argentinos” y la “CGT Azopardo”. La primera fue encabezada por Raimundo Ongaro y tuvo una posición de directa oposición al nuevo gobierno. La segunda, donde se agrupó el ala vandorista, tuvo una posición más cautelosa y dialoguista con aquel.
“El Estado vio truncada su inicial estrategia y encontró en las tradicionales cúpulas sindicales la respuesta para contener el creciente conflicto social. Así, un año después del Cordobazo, y ya con el gobierno de Onganía en retirada, se dicta la Ley 18610, de Obras Sociales, y el Decreto 2477/70, que restituía el modelo sindical al viejo esquema establecido por Perón. El objetivo era recentralizar al movimiento obrero y otorgarle financiamiento a fin de contener la militancia de base.” (SciFlo Saludo Pública)
El Cordobazo abrió un período revolucionario con la caída del gobierno de facto de Onganía y esto tuvo un efecto en restituir los planteos en el plano de la salud que se expresó en medidas por parte de los sucesivos gobiernos a favor de los trabajadores.
Con el nuevo gobierno democrático el Estado decidió garantizar la salud de la población, efectivizando el principio de justicia social y además ser cogestor en la dirección de un Sistema Nacional Integrado de Salud por el que se encauzaría el crecimiento del Sector Salud través de un planeamiento racional admisible por todos los sectores. Se preveía además la integración voluntaria, ordenada y paulatina de las obras sociales.
Durante la dictadura del ’76 se avanza prácticamente en la intervención de las OOSS, sancionando la ley 22269 en 1980, designando las autoridades desde el Estado y pasando los fondos a manos del Estado. Se elimina la obligatoriedad del afiliado a su OOSS y se autoriza que un 90% pueda pasar a la medicina prepaga y se prohíbe a las OOSS instalar nueva infraestructura propia, propicia deshacerse de las que existían y auspicia los contratos con privados
En 1985 la CGT insta a la normalización del INOS proponiendo que sean integrados nuevamente a su directorio.
El gobierno de Raúl Alfonsín intentó crear un Sistema Nacional de Salud en 1986, que encuadrara a las OOSS, aunque diferenciadas de las requeridas por el sindicalismo y los empresarios de la salud privada. Las normas finalmente aprobadas en 1988, trajeron exiguos cambios.
En la década del ’90 la transformación de este sector se inscribe dentro de las llamadas reformas de “segunda generación” impulsadas por el Banco Mundial (1993) y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- (1994), así como la reforma del Estado y el plan de privatizaciones siguieron las recomendaciones del Consenso de Washington.
En 1993 se publicó el Informe sobre el Desarrollo Mundial “Invertir en salud” con recomendaciones sobre política sanitaria elaborado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras instituciones y organismos bilaterales.
La Organización Panamericana de Salud señaló que “la crisis de la década anterior y los procesos de consolidación democrática en los ‘90, la modernización del sector público y la recuperación de la actividad económica, afectaron directamente al sector salud, originando un proceso de reforma orientado en el reordenamiento económico, el gasto público, la búsqueda de eficiencia, efectividad y sostenibilidad, la respuesta a los cambios demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y culturales.”
En Argentina, desde 1983 hasta 1991 acumuló un crecimiento económico casi nulo, un manifiesto aumento de la pobreza urbana y dos episodios hiperinflacionarios graves entre 1989 y 1990. Fueron justamente esas políticas impuestas por el imperialismo las que recomendaron el control del déficit fiscal, la reorientación del gasto público, modificaciones en el régimen tributario, en las tasas de interés y en el valor del tipo de cambio, la liberación del comercio y la inversión extranjera, la privatización de las empresas públicas, la desregulación del mercado y la seguridad jurídica de la propiedad privada (Casilda Béjar, 2004) que condujeron a un ciclo de flexibilidad y precariedad laboral que arrasó con muchas décadas de conquistas obreras
La reforma del sector salud a nivel mundial se produce a partir de 1978 en la Conferencia de Alma Ata, patrocinada por la OMS y la UNESCO, donde se funda el concepto de Atención Primaria de la Salud (APS) como la estrategia para enfrentar las inequidades que, en materia sanitaria, diferenciaban a los países según su grado de desarrollo económico y consagra el Nuevo Orden Económico Internacional (Alma Ata, 1978). La Declaración señala que “los gobiernos deberían aumentar progresivamente los créditos asignados a la salud” y “fomentar y apoyar distintas maneras de financiar la APS, inclusive por medio de la seguridad social, las cooperativas y los recursos disponibles en el plano local y comunitario, adoptando medidas encaminadas a obtener el mayor rendimiento y eficacia posibles de las actividades de salud en todos los sectores.” (topia.com.ar Luis Trombetta)
Las políticas entreguistas del llamado neoliberalismo que arremetió contra las conquistas del pasado, desplazaron a los contenidos de las disciplinas sanitarias y la centralización quedó en manos de las entidades financieras. “Las entidades bancarias, promovieron la competencia entre prestadores de servicios, así como la diferenciación de la población de acuerdo a la capacidad de pago, el pago directo, la elaboración de servicios mínimos esenciales y la transferencia de la garantía estatal de la salud, al sector privado” (Visillac, E., 1996).
En 1995 el Hospital Público gratuito se transforma en Hospital Público de Autogestión (HPA) donde debe garantizar su autofinanciamiento pudiendo cobrar coseguros, y facturar a las obras sociales entre otras. El HPA juega así como un regular de precios en el mercado de la salud.
A partir del 2003 al 2012 el país vivió un auge económico sobre la base de los altos precios de las materias primas a nivel nacional. En este período tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández, impulsaron el salvataje de las instituciones parlamentarias que se encontraban desacreditadas por la fuerte presencia del Argentinazo, recomponiendo la gobernabilidad y con la idea de la recomposición de la burguesía nacional.
Durante la gestión kirchnerista, se avanzó en varios planos de la salud en el país. Ejemplos de esto fue el avance en el plan de vacunas, enfermedad de Chagas, Salud Materno Infantil. Se disminuyó la tasa de mortandad infantil y materna llegando a un 10,8%.
Si nos detenemos en los datos que arroja la publicación de “chequeado» de agosto de 2013 “El presupuesto de 2003 para el rubro Salud fue de $3.669 millones frente a los $24.983 de 2013, lo que significa un crecimiento de casi 7 veces. El rubro incluye las erogaciones en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y en otras jurisdicciones de la administración nacional.
En el mismo lapso, el Presupuesto nacional creció más de 10 veces, por lo que la participación de Salud, al crecer sólo siete, cayó. En 2003, el porcentaje del rubro era cercano al 6% del gasto total, y una década después, bajó al 4%, de acuerdo con los resúmenes oficiales del Presupuesto que realiza el Ministerio de Economía de la Nación”
Aunque hubo avances, la política sanitaria del kirchnerismo demostró los límites insuperables del nacionalismo de contenido burgués, en tanto la defensa irrestricta de la propiedad privada de los medios de producción capitalistas.
El pago individual de las prestaciones a través del arancelamiento de servicios que superasen los considerados esenciales, la facturación a las obras sociales y la tercerización, ofrecieron al sector privado un privilegio aún mayor de ganancia.
El trabajo informal, la tercerización del empleo, la devaluación del salario, la crisis habitacional y la falta de viviendas dan prueba de la situación de la salud colectiva.
Basta como ejemplo: la política sanitaria del kirchnerismo benefició la recomposición de las empresas farmacéuticas. Prueba de ello, la política de producción pública de medicamentos no pudo superar los límites impuestos por su atraso tecnológico y la propiedad privada de las patentes medicinales.
En los 4 años del gobierno de Macri y como parte de una ofensiva en toda la línea hacia los sectores populares, mantuvo políticas de desfinanciamiento permanente en educación y salud; por un lado, se endeudaba con el FMI y por el otro, llevaba adelante políticas de recorte del gasto público, así vimos de manera rotunda como en Salud Pública se cercenó derechos de años de lucha de la clase obrera.
Durante el gobierno macrista, “Bajó a categoría de Secretaría al Ministerio de Salud no es solo una cuestión formal, sino que va acompañada de más ajustes en su presupuesto. Ya se había anunciado otro recorte de $9.000 millones para vacunas y medicamentos, lo cual llevó a renunciar al responsable de la Dirección de SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis porque no iba a poder sostener la provisión de medicamentos y reactivos de las 67.000 personas que abarca. Lo mismo pasa ya (y se seguirá profundizando) con los recortes presupuestarios en los programas de enfermedades oncológicas (Banco Nacional de Drogas desabastecido), las de transmisión sexual (aumento dramático de la sífilis congénita y VIH/Sida), las transmitidas por vectores (dengue, chikunguña y zica), y las prevenibles por vacunas (se suspendieron dosis del esquema nacional).” Y sigue diciendo “Ser Secretaría y no Ministerio debilita también el rol de rectoría sobre el sistema nacional de salud que le corresponde a la Nación, como así también en la conducción del Consejo Federal de Salud (COFESA)” (Daniel Gollan Dirección General Revista Soberanía Sanitaria)
Como sucedió en los ’90 en el gobierno peronista del ex Presidente Carlos Menem que municipalizo y provincializó la salud nacional, en el esquema que impuso el gobierno de Juntos por el Cambio, la nación transfirió a las provincias cada vez más responsabilidades en el ámbito de la salud pero sin los presupuestos correspondientes, perdiendo poder de compra centralizado, pagándose insumos más caros, desarticulando y fragmentando aún más el sistema de salud, y el resultado, será que cada vez más gente verá disminuido su acceso a la salud. De esta manera los sectores privados de la salud prepaga pudieron avanzar más fácilmente en el proceso de desguace.
Entonces la iniciativa del Frente de Todos, solo intenta, en el mejor de los casos, un cierto reordenamiento para optimizar los recursos, pero la intensión de esta política, lleva al gobierno a un enfrentamiento con el capital privado, y los jefes sindicales que defienden a capa y espada las cajas de las OOSS. En la “década ganada”, si se pudo limar los aspectos más depredadores del capitalismo, se debió a que había recursos producto de los vientos favorables a nivel internacional. En el presente esta situación es diametralmente opuesta.
A modo de conclusión
Por un Sistema Único de Salud
La lógica del mercado capitalista pone en tensión la vida de los millones de trabajadores y trabajadoras, jóvenes y sectores populares. La breve reseña histórica demuestra en el plano de la salud, como también en los demás derechos, que los embates de los capitalistas y su Estado contra los trabajadores son permanentes. Hubo épocas en que los trabajadores se vieron más favorecidos por la lucha o contextos mundiales favorables como fue el caso de la década del ’30 y el ’40.
En la actualidad, la pandemia del Covid-19 puso de manifiesto la precariedad del sistema sanitario, aunque hubo un cierto proceso de ajuste o actualización de los recursos sanitarios empujados por la pandemia, en un contexto donde la crisis capitalista no encuentra precedentes.
Transitamos momentos de una cierta recuperación en los países centrales, aunque la curva descendente sigue su ritmo constante, en un escenario donde la emisión monetaria es el recurso de todos los gobiernos del mundo, poniendo dinamita en los cimientos del propio sistema.
Cristina Fernández junto a sectores de Frente de Todos, intentan con la implementación del Sistema Integrado de Salud, tomar ciertos recursos de las OOSS y disciplinar si se quiere a los empresarios del sector privado de la salud en su voracidad y rapiña en pos de más ganancias.
Evidentemente esta situación puede responder a una demanda legítima interna de las bases del Frente de Todos ante la crisis de desocupación, que se ve reflejada en un aumento de la economía informal llegando a un 50%, recargando los efectores públicos. Por lo tanto, el sector de las OOSS sindicales ven una cierta disminución de sus afiliados. Se suma además a que la clase obrera fue lentamente corrida de las grandes capitales, donde se concentran la mayoría de los hospitales públicos, y dejando la atención de los trabajadores/ras en manos de pequeñas unidades o servicios de atención primaria, a la población más alejada de los centros urbanos, o en el caso del Gran Buenos aires que concentra a más de 15 millones de personas, por lo tanto, la necesidad de más recursos para hacer frente a las nuevas necesidades resulta imperioso.
La salud como derecho siempre fue una bandera de lucha del movimiento obrero. La pregunta es ¿hay posibilidad de otro sistema sanitario? Sostenemos que sí, hubo experiencias donde la salud se basó en un sistema de atención médica en los principios comunes de organización y centralización del cuidado médico, en la igualdad de acceso a la atención médica para todos los ciudadanos, métodos y tratamientos de prevención unificados, la eliminación de la base social de las enfermedades, la realización de amplias medidas sanitarias, epidemiológicas y terapéuticas, estableciendo los lineamientos para la aplicación de una política sanitaria activa de educación para la salud e higiene, combinándolas con políticas de educación para la salud, considerándola vital no solo para combatir y prevenir las enfermedades, sino también para garantizar la salud continua de la población.
Para esto se debe unificar todos los servicios de salud pública, sindicales y privados en la atención de salud, dando prioridad a los niños y las madres, estableciendo un Único Sistema de Salud estatal, no solo en la planificación económica sino en relación a la demografía del país, la planificación y distribución de médicos en todo el territorio para garantizar un desarrollo armónico a las necesidades del conjunto de nuestra clase.
La planificación de la economía no es una utopía, sino una necesidad de primer orden para la preservación de la vida, de una niñez sana y lúdica, de una verdadera educación que se aleje de las escuelas y docentes en su mayoría que dan contención alimentaria, del empleo digno y la salud sustentable, la utopía es seguir sosteniendo que dentro del capitalismo se podrá resolver la salud.
Si se orientaran los recursos y ganancias de los sectores de la salud privada y volvieran a un sistema de Salud Único Estatal, para potenciar una verdadera salud de calidad, que se aplique para combatir no solo la pandemia del Covid-19, sino las enfermedades que son el resultado directo de la pobreza como es el Chagas, o productos de la depredación como es el caso del Dengue y las derivadas de las situaciones de estrés, de la vida bajo la presión capitalista, como es el caso de la hipertensión, diabetes, dislipemia y sobrepeso/obesidad, rápidamente se podrían superar. La medicina socializada se basa en que parte del excedente de la producción del país sea utilizado para brindar un seguro universal que incluya el combate a la enfermedad, discapacidad, desempleo, jubilación y un servicio único nacional de salud.
Exigimos al gobierno que ponga inmediatamente en pie un Sistema Nacional de Salud. Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras de las fábricas, a los profesores, a la juventud, a los médicos, enfermeras, a los desocupados a construir un vasto movimiento para construir un Sistema Único de Salud Estatal.
Un genuino Sistema Único de Salud, solo podrá lograrse sobre la base de la expropiación de los grandes complejos sanatoriales, farmacéuticos y laboratorios, para poner fin a la rapiña capitalista. Por lógica no solo debemos avanzar en la expropiación de los empresarios de la salud, sino sobre los bancos, los campos y los resortes fundamentales de la economía en el país.
Para conquistar nuestro futuro debemos derrotar al capitalismo y sus representantes políticos.
Poner en pie un Partido Revolucionario con la perspectiva de un Gobierno de los Trabajadores es la tarea de ayer y de hoy.
¡Socialismo o barbarie!